Democracias bajo presión.Estado, Fuerzas Armadas y Crimen Organizado en América Latina: ¿Éxito o fracaso de la estrategia de contención militar?


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A pesar de la heterogeneidad casuística existente, que representa América Latina en relación al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas -su dedicación y empleo (o la decisión de no hacerlo)- en la lucha contra la delincuencia organizada, resulta factible identificar la superación del paradigma clásico constitucional de intervención excepcional en favor de nuevas opciones. En concreto, esta atribución competencial genera, a día de hoy, no pocas controversias, así como importantes repercusiones a nivel constitucional. Defensores y detractores esgrimen razones y argumentos para defender el rol que se desea otorgar a las Fuerzas Armadas (o arrogarse estas mismas, según cada caso), como proveedoras de seguridad frente al crimen organizado. Su inicial empleo en la confrontación contra el tráfico de drogas ha propiciado el debate sobre su plena inmersión en la lucha contra toda tipología de delincuencia organizada, más allá de episodios de excepcionalidad constitucional, lo cual ha generado, de facto, diversos escenarios. Se pretende hacer una reflexión al aire de los pros y contras que se derivan de la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad organizada, extraídos del análisis casuístico de los principales escenarios vigentes en Latinoamérica, tratando de identificar cuál de todos los posibles marcos de actuación marcará la tendencia en la escena regional, acerca de cuál debe ser el compromiso de las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada y cómo debería materializarse, en aras de alcanzar las mayores cuotas de calidad democrática.







Democracia y fuerzas armadas


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Democracia y militarismo en América Latina


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Estudio comparado sobre el papel de las cortes constitucionales en contextos en los que un régimen democrático sobrevive pese a la presencia de algún conflicto armado interno. La obra se centra en el análisis de Colombia, Perú y México para examinar el contexto político, las relaciones cívico-militares y la jurisprudencia constitucional sobre la autonomía militar y la regulación del uso de la fuerza. El autor reflexiona acerca de cómo los tribunales constitucionales pueden ser útiles para lograr un equilibrio democrático entre el ejercicio de la autoridad civil y las necesidades legítimas de los militares en su búsqueda del orden y la seguridad nacional.










Fundamentos de la democracia y derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública


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Los paradigmas del relacionamiento entre las instituciones militares y la sociedad evolucionan a un ritmo impulsado por las demandas de más y mejor democracia a lo largo de todo el mundo. Esa dinámica, que podría catalogarse como un proceso de democratización de las funciones de seguridad y defensa, pasa por el análisis de un amplio grupo de variables que, sin abandonar las cuestiones clásicas relativas a la institucionalidad y a los medios para el cumplimiento de las misiones derivadas del ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, abren paso a perspectivas inaplazables, centradas en los ciudadanos que portan el uniforme en tanto miembros iguales de la comunidad política. En esta oportunidad, el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército -CAEFI- desarrolló investigaciones que, haciendo eco de la independencia que le es característica, se centraron en reflexiones inéditas sobre el mandato constitucional de formación democrática de los miembros de la Fuerza Pública, a propósito de las cuales se profundiza, quizá igualmente por vez primera, respecto de la vigencia y alcance de algunos de los derechos fundamentales de sus miembros, en una propuesta consecuente con los mandatos de libertad, igualdad y dignidad en que se asienta el Estado colombiano. Los textos que conforman este volumen ofrecen una amplia gama de aproximaciones a las cuestiones iusfundamentales que subyacen a la opción de ser parte de la Fuerza Pública en Colombia, analizadas desde los mandatos constitucionales, los desarrollos jurisprudenciales y la más autorizada doctrina en la materia, a partir de un propósito que, lejos de construir verdades incuestionables, invita a la observación rigurosa y a la controversia argumentada.