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México por albergar en el siglo XX el primer intento de revolución en el mundo, es uno de los casos más interesantes para estudiar y comprender el curso del desarrollo del capitalismo a través de la vía agraria. Y aunque parezca que nuestro sector rural es poco significativo por el «poco aporte» que en términos de precios hace a la economía, la historia nos señala que las actividades productivas que se desarrollan en México en conjunción con la tierra, así como la gente que las realiza, han jugado un papel de primer orden en la conformación de las actuales estructuras productivas y de las relaciones de producción que de ella emanan. De esta manera la guerra de revolución de 1910, encabezada por las masas campesinas, sentó las bases para los posteriores ajustes estructurales que, con un marcado carácter campesino, configuraron la estructura productiva que predominaría en el sector agrícola mexicano por aproximadamente ochenta años. Esta estructura agraria no fue un hecho más, pues además de constituir un caso sin parangón en el mundo, contribuyó al desarrollo y creación del sector industrial del país. Desarrollo basado sobre un amplio número de productores y no en los grandes latifundios ni en las empresas agrícolas acaparadoras de recursos y expulsoras de mano de obra. Así, al tiempo que se desarrollan los sectores industrial y agrícola del país, también se resarce a las masas campesinas de los desastrosos efectos de la acumulación de capital realizada durante el porfiriato. Este proceso provocaría que a la postre México fuera no sólo el país más desarrollado entre los países de Latinoamérica, sino que además procurara crear un marco jurídico que le asegurara al campesino un mínimo de tierra con el cual pudiera sobrevivir: surge así el sistema ejidal en México, en gran parte responsable del gran auge económico de la economía mexicana en las décadas de 1940, 1950 y parte de la de 1960, y responsable del desarrollo industrial del país durante aquellos años. Sin embargo, la historia económica a inicios de la década de 1970 tomó un curso distinto y contrario a la tendencia progresiva del sector agrícola mexicano que lo conduciría, tanto a él como al sector ejidal, a una profunda crisis que se vio reflejada en un descenso de los niveles de producción y productividad. Crisis que vería su posible solución en la reforma al artículo 27 constitucional llevada a cabo durante 1992, que buscó reorientar las políticas de Estado para corregir los problemas productivos del sector.